El Economista Jorge Bravo
Una década de una reforma al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México no deja indiferente a nadie, cada quien destaca lo que considera más relevante de la misma y es tiempo más que suficiente para reflexionar sobre sus logros y asignaturas pendientes.
Diez años en una industria tan dinámica como la digital, cuyo motor es la innovación, demuestra que la reforma de 2013 fue pertinente para los muchos objetivos que se propuso, pero que requiere dar respuesta más rápida a las necesidades de conectividad, digitalización y a los cambios tecnológicos.
El aspecto nodal y articulador de la reforma de 2013 fue elevar a rango constitucional el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), incluida la banda ancha e Internet, en condiciones de competencia, pero también de convergencia. Fue un hito visionario que incluso ha sido replicado en otras latitudes de América Latina que buscan declarar el acceso a Internet como un derecho humano.
Declarar las telecomunicaciones y la radiodifusión como un servicio público de interés general también fue inédito, importante en la búsqueda de una sociedad más conectada y mejor informada, lo que permitió que las telecomunicaciones fueran consideradas como un servicio esencial y prioritario durante la pandemia.
La declaración de servicio público buscaba garantizar el acceso equitativo y asequible a las tecnologías para todos los habitantes, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo social y el paso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento formal, todavía existen importantes desafíos que impiden el pleno ejercicio de este derecho.
La reforma reconoció que el acceso a las TIC es un derecho universal, interdependiente, indivisible y progresivo, lo que ha permitido defender e invocar este derecho en un sinfín de situaciones.
Desde la progresividad de los derechos de las audiencias (también reconocidos en la reforma de 2013 y en la posterior ley secundaria de 2014), para declarar inconstitucional el padrón de usuarios de telefonía móvil (Panaut), para defender la autonomía del regulador y su tutela de este derecho, para argumentar a favor de reducir los altos costos del espectro radioeléctrico que afectan el acceso a los servicios de telecomunicaciones, para denunciar impuestos especiales a las plataformas de Internet o defender la libertad de expresión en las redes sociales.
En 2013 México optó por una reforma estructural a las telecomunicaciones y la radiodifusión para forzar muchas cosas: la competencia en ambos sectores, la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los tribunales especializados, la licitación de una tercera cadena de televisión abierta, la preponderancia y la regulación asimétrica, la baja de tarifas, la Red Compartida, los derechos de las audiencias, las características de los medios públicos y hasta la política de inclusión digital universal.
Mientras México probó y experimentó una reforma constitucional que el 11 de junio cumple dos lustros de haber sido publicada, otros países de Iberoamérica optaron por cambios legislativos y por el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas digitales.
Paradójicamente, a diferencia de México que modificó su Carta Magna para dar cabida al derecho de acceso a las TIC, esas otras naciones tienen más y mejores políticas públicas y han avanzado más y más rápido en cobertura, inversión en infraestructura e inclusión digital. En México han sido insuficientes las políticas públicas digitales (tanto a nivel federal, estatal y sectorial) para materializar el principio garantista del derecho de acceso a las TIC.
La reforma estableció un marco legal destinado a fomentar la competencia (aunque sólo hay dos operadores móviles con red), la inversión (que se ha destinado a otros mercados de América Latina) y la democratización de los medios de comunicación (sin derechos de las audiencias y con medios públicos al servicio de la propaganda).
Aunque se han realizado esfuerzos significativos para ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones en México, especialmente en áreas sin cobertura, los resultados aún son insuficientes. La brecha digital persiste y muchas comunidades siguen sin acceso a una conexión de calidad y asequible.
El proyecto de la Red Compartida, cuyo objetivo es la cobertura social, defendido con denuedo por quienes a lo largo de estos años han sacado raja política de esa empresa, es un notable fracaso que subutiliza 90 MHz en la valiosa banda de 700 MHz, que podría tener un uso más eficiente si estuviera en manos del mercado.
Uno de los objetivos clave de la reforma fue fomentar la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. Si bien se han logrado avances patentes como la baja de tarifas, la mejora en la calidad de los servicios y mayor velocidad de banda ancha, todavía existe concentración en un mercado intocado por el regulador: la televisión de paga.
A pesar de los avances logrados en la reforma constitucional, todavía queda mucho por hacer en términos de convergencia plena. La convergencia se refiere a la integración de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión e Internet en una sola plataforma, lo que permitiría mayor eficiencia, innovación y acceso a servicios empaquetados para reducir tarifas. El derecho a la convergencia, que forma parte del servicio público de telecomunicaciones, es privilegio de unos cuantos usuarios y hogares.
Aunque hay grandes avances alcanzados en 10 años de la reforma constitucional, es evidente que aún persisten importantes desafíos. La ausencia de políticas públicas digitales federales, estatales y sectoriales, la persistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, la falta de una cobertura amplia, la concentración del mercado de TV de paga y la falta de convergencia plena son aspectos que deben abordarse para lograr una verdadera democratización de las comunicaciones en el país, más competencia, inclusión digital y acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones, asegurando un futuro más conectado y próspero para todos los mexicanos.
Twitter: @beltmondi